Los juristas reivindican la seguridad que aporta la administración concursal

Esta reforma no solo tiene inquietos a los empresarios españoles, sino también a los inversores extranjeros: Así, se ha puesto de manifiesto en una jornada de la Cámara Hispano-Danesa.

La necesidad de contar con un administrador concursal para dotar a los procedimientos de
mayor seguridad jurídica es el argumento común entre los juristas y economistas a la hora de analizar el proyecto de reforma del texto refundido de la Ley Concursal. Así, quedó patente en una reciente jornada organizada por la Cámara Hispano-Danesa, cuya presidenta Marianne Koefoed, mostró su preocupación por las repercusiones que este cambio normativo pueda tener para los inversores daneses en España.

Tras un repaso a las novedades de la reforma, el abogado Germán Argueso, socio de Arglobal Legal, ha explicado que además de por la falta de seguridad jurídica que generaría su desaparición del 90% de los procedimientos, es necesaria la figura del administrador concursal para evitar la picaresca. Además, explicó que resulta necesario acabar con la actual situación de los concursos exprés en los cuales, si no entra nadie en la liquidación de los activos de la sociedad, estos se pierden irremisiblemente sin ningún tipo de control. Y, también, destacó las
situaciones complicadas que se pueden generar en los casos en que intervenga el Fogasa por las dilaciones en la liquidación que se pueden generar.

Álvaro Narváez Rezola, abogado en Lupicinio International Law Firm, ha estimado que en líneas generales le parece bien la reforma concursal, porque es necesario dotar a los sistemas de la máxima rapidez, porque es necesario para salvar a la empresa. El letrado ha explicado que el espíritu de la norma es muy positivo, al igual que le ocurre con la reforma laboral, pero es necesario afinar algunos de sus contenidos. Y, sobre todo, cambiar la mentalidad de personalización de los empresarios con la empresa y de los trabajadores, que en España estaban tradicionalmente acostumbrados a mantenerse en la misma empresa toda su vida.

Mucho más crítico ha estado Alex Munné, COO IAG International Auction Group, que ha comenzado denunciando el poco espacio de tiempo que el Gobierno ha dado a las entidades representativas de los colectivos implicados en los procedimientos concursales y liquidativos para incluir sugerencias en el borrador del texto presentado por el Ministerio de Justicia, sin que, además, se hayan recogido las aportaciones realizadas. Así, por ejemplo, señaló el sinsentido de elevar el concepto de microempresa a una facturación de dos millones de euros, cuando en Europa este máximo es de 350.000 euros.

Finalmente, se ha referido a que para generar liquidez con la que hacer frente a las deudas, los administradores concursales confían cada vez más en entidades especializadas en la enajenación de esos activos, dado que aportan mucho más valor a la realización que los sistemas públicos.